Investigación

“A tres años de la aprobación”: Mercados grises

Autor/es:
Monitor Cannabis Uruguay

Año: 2016

Tipo de publicación: Working paper

Editor: N/A

Palabras clave: Implementación, regulación, mercado gris, Uruguay

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SEMINARIO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA REGULACIÓN DEL CANNABIS 

“A tres años de su aprobación”

Martes 15 de noviembre de 2016

Facultad de Ciencias Sociales – Sala de Conferencias

El seminario fue organizado por Monitor Cannabis Uruguay, equipo de investigación del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR); con el apoyo del Diploma en Políticas de Drogas, Regulación y Control que llevan adelante varios servicios de esta universidad (Medicina, Química, Derecho, Psicología, Ciencias Sociales y Humanidades).

Ver el resumen de la memoria

Mercados grises

[En base a la presentación “Modelo uruguayo de regulación: ¿Nuevo paradigma en política de drogas?” del Dr. Pablo Galain (Instituto Max Planck-UdelaR)]

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) es la institución más relevante creada por la Ley 19.172, pues no solo tiene a su cargo el control del sistema regulado a modo de una policía administrativa, sino que también otorga las licencias para la producción del cannabis, sea en el ámbito recreativo, como medicinal e industrial. El gran desafío que tiene el IRCCA es obtener un producto de calidad certificada a un precio que pueda competir con el mercado ilegal. El tema central estará en el precio final, en tanto la calidad de cannabis que distribuye el mercado ilícito en Uruguay, según los usuarios, es de muy mala calidad aunque se vende a un precio accesible. El objetivo del Estado deberá centrarse en romper con la confianza sobre la que se construyen las relaciones en los mercados ilegales y ganar credibilidad y confiabilidad en los usuarios de cannabis. Ahora bien, la obligación de inscripción en registros es uno de los temas más polémicos del sistema regulado. La necesidad de un registro parece ser necesaria si se toman en cuenta los graves problemas que existen en modelos similares al uruguayo en alguna de las vías de acceso, como es el caso de los clubes cannábicos en España o Bélgica, que actúan aprovechando vacíos legales y zonas grises en la legislación nacional. En España estos clubes pensados como asociaciones civiles que deberían actuar sin fines de lucro son, sin embargo, una fuente de ingreso de dinero por ejemplo ofreciendo el producto de sus cosechas a turistas.  La regulación uruguaya quiso evitar estos problemas recurriendo a la figura del registro previo de los usuarios, a la trazabilidad del cannabis legal y a la prohibición de venta a no residentes. Ahora bien, habrá que tener en cuenta que la protección de datos de los usuarios es una de las mayores responsabilidades del Estado en cuanto al manejo de información confidencial y un motivo de rechazo de algunos usuarios que no quieran informar al Estado sobre su condición de consumidor de drogas, como lo muestran algunos trabajos empíricos. Al mismo tiempo, la necesidad del registro puede ser factor distorsionante en cuanto al objetivo de combate al mercado ilícito que no requiere de tales registros porque se maneja con “relaciones de confianza” duraderas o espontáneas que operan en la clandestinidad.

En relación a la prohibición de venta a turistas, podemos tener una visión más crítica. ¿Cuál es el verdadero motivo por el que se prohíbe la venta de cannabis a no residentes? En un país que duplica su población por causa del turismo y que cuadriplicó sus ingresos de divisas en los últimos diez años (1.800 millones de dólares durante 2015), con una industria que aporta un 7,5 % del producto bruto interno (PBI), un 18 % la mano de obra activa y 100.000 puestos de trabajos, se puede concluir que su consideración en el mercado regulado de cannabis este aspecto no debería de ser un tema de menor importancia.

Esta limitante o prohibición de acceso provoca algunas consecuencias: Primero, el sistema uruguayo no equipara al cannabis con otras drogas legales como el alcohol o el tabaco, tal como sucede en los regímenes de Colorado o Washington, donde los consumidores de estas sustancias -también reguladas- no tienen ninguna obligación de registrarse para acceder a las mismas.  Segundo, el hecho de que el consumidor de cannabis en Uruguay tenga que brindar sus datos personales al estado marca una notoria diferencia con los modelos similares de Holanda, España, Colorado o Washington así como con el tratamiento que se da a otras drogas reguladas. Tercero, la exigencia de registro no parece estar en sintonía con la política de respeto a los derechos cívicos y a la reducción del daño, por lo que ha despertado algunas críticas principalmente de consumidores que consideran un resabio paternalista carente de utilidad práctica, generando gastos y burocracia y un innecesario contralor estatal. Cuarto, la exclusión de los turistas como posibles compradores también ha sido objeto de crítica por considerarse “impráctica e insostenible en la vida cotidiana”. Esta crítica parece ser de recibo porque ya se puede observar en Uruguay la aparición de un mercado gris que opera a medio camino entre el mercado legal (blanco) y el mercado ilegal (negro). Este mercado gris se compondría de personas participantes del mercado regulado que ofrecerían parte de su producción a quienes no están regulados o están impedidos de regularse. Una buena parte de esos consumidores pueden ser turistas, menores de edad y personas que usan cannabis con fines medicinales. La aparición de este mercado intermedio o gris puede obedecer tanto a estos consumidores exentos del acceso al cannabis legal, como así también producto de la demora en la implementación del sistema de venta en farmacias. Una posible solución para intentar una reducción del mercado gris es modificar la política respecto a los turistas.

En realidad no se entiende el motivo por el cual no se podría registrar a los turistas que visitan Uruguay con la intención de consumir cannabis, mediante un cálculo que considere la cantidad de días de permanencia en el país para poder calcular la cantidad de gramos a los que podrían tener acceso para consumo recreativo por persona. La compra podría realizarse en el sistema de farmacias ya implementado. Así, por ejemplo, si consideramos que los residentes uruguayos inscriptos en el sistema de farmacias pueden recibir hasta 40 gramos al mes, el mismo cálculo se podría extender a los turistas según el número de días que permanezcan en Uruguay. Un turista que estará una semana en el país se podría registrar en el registro público que funciona en las oficinas del correo estatal y recibir hasta 10 gramos de cannabis del mercado legal y así evitar que deba adquirir el producto en los mercados negro y/o gris.

Esta sería una política inteligente que cuidaría al turismo cannábico del mismo modo que protege la salud de los ciudadanos uruguayos, máxime si detrás de la argumentación uruguaya se encuentra el respeto a los derechos humanos. Una política de derechos humanos no puede diferenciar por cuestiones legales de ciudadanía o residencia entre las personas. De modo que no se debería diferenciar entre residentes y no residentes si se argumenta que dicha política está basada en la protección de la salud pública y en los derechos de todas las personas de tener acceso seguro a un producto de consumo legal, según una política de reducción de daños. Seguramente el concepto de reducción de daños del modelo uruguayo escapa del ámbito de la salud y abarca también a la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana (el denominado orden social y la seguridad pública). Cómo se compatibiliza este concepto con las políticas de derechos humanos es una cuestión abierta. La obligación de inscripción en el registro, evita la falta de control o contralor que se evidencia en el sistema español de clubes cannábicos, que permite al turista adquirir el producto mediante el pago de una suma de dinero.  Ese es un sistema que funciona ad hoc y que por ausencia de regulación no se preocupa por el control y facilita el surgimiento e incremento del mercado gris. El sistema de regulación uruguayo, no obstante, se presenta como fuertemente regulador, pero al ignorar el fenómeno del turismo cannábico también alimenta por vía indirecta el mercado gris de cannabis cuando son los autocultivadores y los clubes cannábicos quienes terminan abasteciendo al mercado de turistas.