Investigación

“A tres años de la aprobación”: Objetivo Aplicación de justicia con equidad

Autor/es:
Monitor Cannabis Uruguay

Año: 2016

Tipo de publicación: Working paper

Editor: N/A

Palabras clave: evaluación, implementación, justicia, delitos, Uruguay

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SEMINARIO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA REGULACIÓN DEL CANNABIS

“A tres años de su aprobación”
Martes 15 de noviembre de 2016

Facultad de Ciencias Sociales – Sala de Conferencias

El seminario fue organizado por Monitor Cannabis Uruguay, equipo de investigación del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR); con el apoyo del Diploma en Políticas de Drogas, Regulación y Control que llevan adelante varios servicios de esta universidad (Medicina, Química, Derecho, Psicología, Ciencias Sociales y Humanidades).

Ver el resumen de la memoria

Objetivo Aplicación de justicia con equidad

[En base a las presentaciones “Modelo uruguayo de regulación: ¿Nuevo paradigma en política de drogas?” – Pablo Galain (Instituto Max Planck, UdelaR); “Primeros resultados de una estrategia integral de monitoreo y evaluación” – Marcos Baudean (Monitor Cannabis- Universidad ORT) y “Recepción de la ley por los aplicadores” – Gianella Bardazano (FD-UdelaR)]

En Uruguay el consumo nunca ha estado criminalizado y tampoco ha estado prohibida sino regulada por el Ministerio de Salud Pública la plantación y el cultivo con fines medicinales o científicos.  Históricamente el acceso a diversas drogas estuvo regulado por el Estado y la venta se realizaba a través de centros de expendio como farmacias. En ese sentido, la política actual sobre cannabis se la puede definir como continuadora de esta línea histórica de regulación.

En cuanto a la intervención del sistema penal, a partir del Decreto Ley 14.294 de 1974 el problema siempre fue la ausencia de criterios numéricos para determinar la cantidad de gramos que dividían la frontera entre “posesión para consumo personal” de una hipótesis de “venta o comercialización” de la sustancia; esto es, la norma dejaba un amplio margen de arbitrio a la policía y a la administración de justicia para definir la frontera entre lo permitido y lo prohibido. El libre arbitrio de las autoridades policiales y la “libre convicción moral del juez” permitieron una constante persecución de consumidores en posesión de unos pocos gramos de cannabis.

La Ley 17.016 de 1988 continuó con la prohibición de importación, exportación, producción, elaboración, comercialización o suministro de las sustancias contenidas en las listas internacionales,  pero introdujo el criterio de “cantidad razonable” para el consumo (Art. 31),  de modo que no cualquier acopio o posesión estaría prohibido, sino cuando excediera criterios de “razonabilidad”, que son aquellos que surgen de un modo objetivo de la cantidad que se posee y, subjetivamente, según la asiduidad del consumo. Durante toda la vigencia del modelo prohibicionista, una extraña mezcla de libertad (de consumo) y prohibición (de acceso) ha conducido a un sistema esquizofrénico en el que las reglas jurídicas aplicadas al caso concreto nunca han sido claras y las intervenciones del sistema penal han oscilado siempre entre la inseguridad jurídica y la arbitrariedad. El sistema uruguayo se basaba en un inseguro sistema que oscilaba entre la legalidad y la prohibición, pues el legislador trasladaba la casuística el juez que tenía la facultad de exonerar de responsabilidad penal al consumidor siempre que se cumplieran dos requisitos: a) que el tenedor poseyese una cantidad razonable; y, b) que la misma esté destinada exclusivamente a su consumo personal (aunque pudiera consumir de forma grupal).

La ley 19.172 implica el pasaje de un modelo prohibicionista a uno regulatorio en lo que respecta a cannabis. Desde lo normativo, el nuevo sistema brinda mayor seguridad jurídica a los consumidores, a los productores, a los distribuidores y a los funcionarios encargados del control penal, porque delimita reglamentariamente las áreas de actuación, permisividad e intervención de cada uno de los actores. La cifra de 40 gramos mensuales y las reglas de la sana critica en lugar de la “libre convicción moral del juez”, parecen ser dos elementos claves para disminuir la arbitrariedad en la intervención del sistema penal, que permita también ser utilizado como un parámetro a ser tenido en cuenta en relación a otras drogas.

En este marco, las hipótesis de trabajo vinculadas al objetivo de aplicación de la justicia con equidad pueden resumirse de la siguiente manera:

H.1: En el corto plazo, el nuevo marco legal establece con precisión casos que no pueden tipificarse como tenencia para no consumo, esto provocará una reducción en el número de personas judicializadas por tenencia de pequeñas cantidades de cannabis.

En el mediano y largo plazo:

H.2: El mercado legal de cannabis provocará una reducción del volumen del negocio ilegal de cannabis y sus beneficios lo cual provocará un debilitamiento y reformulación de redes criminales. Esta reformulación de las redes criminales tenderá a producir una reducción del número de personas vinculadas al tráfico.

H.3: Esta reducción de personas vinculadas al tráfico ilegal provocará una reducción de los procesos iniciados y las sentencias condenatorias por delitos previstos en las leyes de drogas.

A continuación se presentan los datos disponibles sobre aplicación de la justicia en los casos de procesamientos por estupefacientes, producidos por el sociólogo Marcelo Brito en base a la información provista por el Instituto Técnico Forense.

En primer lugar, puede observarse que los procesamientos por ley de estupefacientes han aumentado sistemáticamente en relación al total de delitos entre 2003 y 2012. El procesamiento por delito de estupefacientes es uno de los que más ha aumentado en la serie, en términos relativos.

Proporción de los delitos de estupefacientes en relación al total (1989 – 2012). Nivel Nacional.

proporcion delitos estup

Fuente: Marcelo Brito – Instituto Técnico Forense

Los procesamientos por estupefacientes tienen una mayor proporción de procesamientos con prisión que el resto de los delitos tomados en conjunto. en promedio, para estupefacientes la prisión alcanza a un 90% mientras que para el resto de los delitos es de 60%.

Procesamientos con prisión para el total de delitos y por delitos de estupefacientes (1989 – 2012). Nivel Nacional.

procesamientos prision

Fuente: Marcelo Brito – Instituto Técnico Forense

Otro punto importante a considerar es la composición sociodemográfica de esta población. Los datos disponibles muestran una marcada participación de mujeres en este tipo de delitos. Por otro lado, se observa que el nivel educativo promedio ha disminuido significativamente durante la pasada década, repercutiendo en menos recursos para reinsertarse, en tanto que hoy una mayor proporción de quienes cometen este tipo de delitos tienen solo hasta primaria completa. Asimismo, esta variable podría estar repercutiendo en la tasa de reincidencia, que pasó de estar por debajo del promedio de todos los procesamientos en los ´90, a estar en el mismo nivel a partir de 2000, aunque con oscilaciones.

Peso relativo de la mujer en el total de delitos y solo para estupefacientes (1989 – 2012). Nivel nacional.

peso relativo mujer

Fuente: Marcelo Brito – Instituto Técnico Forense
Evolución del nivel educativo con hasta primaria completa entre el total de procesados y solo por estupefacientes (1989 – 2012).

evolucion nivel educativo

Fuente: Marcelo Brito – Instituto Técnico Forense
Reincidencia para el total de delitos y solo por estupefacientes (1989 – 2012)

reincidencia

Fuente: Marcelo Brito – Instituto Técnico Forense

En definitiva, los datos indican que Uruguay sigue teniendo un problema importante en materia de estupefacientes en términos de su contribución al total de delitos sobre los cuales recae procesamiento. Asimismo, el sistema penal y penitenciario parece ser la herramienta privilegiada por los operadores judiciales para enfrentar este fenómeno.

Una mirada a la recepción de la ley por parte de sus aplicadores puede dar algunos indicios de las razones de esta situación. Se parte de la premisa de que el nuevo modelo debería traer aparejado cambios en la praxis judicial, en tanto desde lo normativo se brinda una línea política criminal concreta que delimita con mayor precisión no solo la intervención legitima del sistema penal a partir de determinada cantidad de cannabis en posesión para consumo personal o grupal sino también porque cambia la forma de valoración de la prueba. Así, es de interés observar si estos cambios normativos tienen un reflejo en la praxis de la administración de justicia penal.

En investigaciones anteriores[1] se había llegado a la conclusión de que previo a la aprobación de la ley, la práctica de interpretación y aplicación por parte de los operadores era represiva: en lugar de que la prueba de comercialización fuera el elemento definitorio se utilizaba directamente la cantidad poseída, de acuerdo al criterio del juez de cuanto le parecía demasiado para ser considerado para consumo personal. Así, se tendía a penalizar de hecho lo que se consideraba jurídicamente irrelevante, persiguiéndose al consumo de cannabis y no su comercialización, a través de la figura de posesión.

Así, interesa saber si luego de la aprobación de la ley, ¿se ha ampliado la esfera de reconocimiento de autonomía de los usuarios, es decir, de lo penalmente no punible?

Como sabemos, la ley 19172 establece que la posesión de cannabis está permitida si es para fines de autoconsumo, de acuerdo a la regla de la sana critica. Si bien establece los criterios de 40 gramos mensuales, 480 gramos anuales y 6 plantas por hogar, también define explícitamente que cantidades mayores a estas no configuran delito per se, sino cuando están utilizados para fines comerciales. Así, al contrario de la legislación previa, esta regla supone que deben considerarse pruebas de comercialización para la constitución de delito. Sin embargo, volvemos a constatar una interpretación represiva de la ley, en la medida que se vuelven a privilegiar la cantidad de plantas como elemento suficiente de que estas no son para consumo. La diferencia es que esta vez se utiliza el umbral límite taxativamente incluido en la ley, de 40 gramos y 6 plantas, pero sigue primando la lógica de no considerar necesaria la presentación de pruebas de delito, es decir, de comercialización. Así, el desafío al que nos enfrentamos tiene que ver un cambio en la cultura legal y no necesariamente con el marco legal propiamente dicho. De este modo, el éxito en la implementación de la ley para la consecución de los objetivos previstos dependerá de que exista un esfuerzo doctrinal penal para cambiar la lógica de evaluación del delito.

[1] Véase: Bardazano, Gianella (2012): Se presume culpable. Sobre la justificación de las decisiones judiciales relativas a la interpretación del artículo 31 del decreto ley 14.294 en su redacción dada por la ley 17.016. En Aporte Universitario al Debate Nacional sobre Drogas. Disponible en: www.csic.edu.uy/renderResource/index/resourceId/23113/siteId/3