Investigación

“A tres años de la aprobación”: Objetivo Seguridad

Autor/es:
Monitor Cannabis Uruguay

Año: 2016

Tipo de publicación: Working paper

Editor: N/A

Palabras clave: regulación, implementación, seguridad, delitos, Uruguay

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SEMINARIO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA REGULACIÓN DEL CANNABIS

“A tres años de su aprobación”

Martes 15 de noviembre de 2016

Facultad de Ciencias Sociales – Sala de Conferencias

El seminario fue organizado por Monitor Cannabis Uruguay, equipo de investigación del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR); con el apoyo del Diploma en Políticas de Drogas, Regulación y Control que llevan adelante varios servicios de esta universidad (Medicina, Química, Derecho, Psicología, Ciencias Sociales y Humanidades).

Ver el resumen de la memoria

Objetivo Seguridad

[En base a las presentaciones “Modelo uruguayo de regulación: ¿Nuevo paradigma en política de drogas?” – Pablo Galain (Max Planck, FD-UdelaR) y “Primeros resultados de una estrategia integral de monitoreo y evaluación” – Marcos Baudean (Monitor Cannabis- ORT)]

La nueva política criminal en materia de drogas, anunciada en 2012 en un manifiesto para mejorar la “Seguridad y la Convivencia”, abrió en Uruguay una nueva etapa de política criminal dual o bifocal que separe drogas duras de blandas, de modo que se pueda reforzar la política de “lucha o combate” contra la “pasta base” o “crack” al mismo tiempo que regular el mercado del cannabis.

Así, el modelo regulador construye un nuevo concepto de “seguridad” que no pretende negar la libertad de consumo sino que, por un lado, intenta una protección efectiva de la salud pública garantizando al consumidor individual circunstancias de calidad y precio del producto mediante regulación y control y, por otro lado, brinda seguridad jurídica con una limitación clara a la intervención de la administración de justicia en cuanto a las cantidades permitidas para posesión individual y grupal. La regulación permitirá, por un lado, que consumidores abandonen el mercado ilícito para ingresar al mercado legal y, por otro lado, que se instauren formas jurídicas de resolución de los conflictos originados por la mala calidad u otras deficiencias del producto ofrecido por el mercado “oficial” de cannabis. De esta forma, se pretende reducir los índices de seguridad y violencia asociados a la “comercialización” de la droga. El Estado, que deberá invertir en estas garantías de calidad y seguridad del producto debería recibir como contrapartida el pago de impuestos por parte de quienes operan en el mercado regulado (que podemos denominar “blanco”). Este es el modelo que con distintos matices y lógica política han emprendido algunos estados de los EE.UU  y Uruguay, sistemas basados en la legalización del consumo por medio de la regulación que reglamenta las vías de acceso, la calidad del producto y los reclamos ahora legales ante las deficiencias del sistema. El derecho penal no desaparece de toda la cadena de producción y distribución sino que permanece latente y se aplica para todos aquellos actores que no respetan la regulación o actúan por fuera de la misma, así se trate de usuarios y compradores o de productores y vendedores. Ello significa que no estamos ante un cambio total de paradigma sino ante un sistema de excepción inmerso dentro del sistema de prohibición, que bien puede comenzar a ser denominado como de tercera vía.

En el texto de la ley 19172 se enuncia explícitamente el objetivo de “reducir la incidencia del narcotráfico y del crimen organizado” como objetivo de la ley (artículo 4). No obstante, la mayoría de los estudios sobre el tema apuntan a que los mercados de cannabis no son en general violentos debido a que la mayoría de las compras se dan entre redes de amigos. Este enraizamiento social se constituiría como un factor importante de prevención de la violencia (véase, por ejemplo, Room, Fischer, Hall, Lenton y Reuter, 2010; Caulkins, Howken, Kilmer y Kleiman, 2012). En el caso de Uruguay, al debilitarse el negocio por la pérdida del mercado de cannabis es posible que: en el corto plazo se intensifique la violencia entre narcos por estrangulamiento del negocio y en el largo plazo disminuya esa violencia por una disminución de la actividad de tráfico en general.

Así, para el objetivo de seguridad se diseñaron cuatro grandes tipos de indicadores: los vinculados a monitorear la evolución del mercado ilegal de venta de cannabis; los vinculados a violencia producto de la existencia de mercado ilegal o uso problemático de sustancias; los vinculados a seguridad y convivencia; y los vinculados a percepción de seguridad. Las hipótesis detrás de los indicadores pueden resumirse de la siguiente manera:

H.1: Si la regulación del cannabis recreativo es exitosa, disminuirá el mercado ilegal en cantidad de consumidores y volumen. De esta manera, se modera un problema de seguridad previamente existente.

H.2: Si la regulación funciona, en el largo plazo debería cambiar la intensidad de la violencia homicida vinculada a drogas (en la clasificación tripartita: económicos, sistémicos y farmacológicos). Al reducirse el narcotráfico los homicidios vinculados a estupefacientes deberían disminuir con el tiempo. Pero en el corto plazo es posible que los cambios en el mercado a causa de la regulación produzcan una intensificación de los conflictos entre bandas de narcotraficantes. Produciéndose un aumento de los homicidios sistémicos.

H.3: Por último, otros aspectos de seguridad y convivencia se verán afectados por la manera en que la regulación afecta el mercado de drogas ilegales.  En este sentido, se esperan cambios en las denuncias por desórdenes y por estupefacientes en los teléfonos del Ministerio del Interior. También, se esperan cambios en las rapiñas cometidas en los puntos calientes de ventas de drogas y en las farmacias que vendan marihuana o su entorno.

H.4: Respecto a la dirección de los cambios esperados, se prevé disminución de delitos y desórdenes en el largo plazo, aunque podría haber momentos de aumento en la transición.

Ahora bien, como se hizo mención anteriormente (véase “Estimación de la demanda”), el mercado de cannabis en el Uruguay previo a la regulación estaba compuesto mayoritariamente por un producto prensado de probable origen paraguayo. Otra parte minoritaria se satisface con auto cultivo y clubes de forma legal, y la ECDH 2014 y los estudios de UCUDAL muestran la existencia de un mercado gris de flores que gana terreno. Un primer limitante de los datos disponibles respecto a las incautaciones es que no discriminan entre estos tipos de productos (prensado y flor). En general, se observa un crecimiento de las incautaciones de cannabis y descenso de las incautaciones en cocaína y pasta base.

Volumen de incautaciones en kilogramos

incautaciones

Fuente: Publicado en El País, 18/01/2016 y 14/09/2016 en base a los datos de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas

Es difícil interpretar estas tendencias en las incautaciones como cambios debidos a regulación cannabis, debido a que la política no se implementó 100% y la acción policial de represión del tráfico ha variado, generando comportamientos adaptativos en narcotráfico. Por su parte, ha habido eventos excepcionales donde se incautan grandes cantidades de estas sustancias que hacen variar fuertemente las tendencias. Sin embargo, es claro que en la medida en que no se ha avanzado en la construcción del mercado legal (no se ha comenzado a vender en farmacias, canal que tendrá la cuota de mercado mayor) la demanda existente se satisface mayormente con cannabis proveniente del narcotráfico.

En lo que respecta a la violencia vinculada al narcotráfico, los datos del Ministerio del Interior apuntan a que la tendencia es al crecimiento de los homicidios entre personas con antecedentes delictivos tanto en el total del país (datos disponibles desde el 2012), como en Montevideo (datos disponibles desde el 2002). Nuevamente, la política de represión del tráfico centrada en microtráfico así como la mejoría en lo que respecta al control del territorio nacional pueden estar provocando estrangulamientos en el mercado que disparan la lucha por territorios entre grupos delictivos.

Víctimas de homicidios consumados, por año y antecedentes penales (en general) y por estupefacientes. Total del país. 

victimas homicidio todo pais

Fuente: Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad – Ministerio del Interior
Víctimas de homicidios consumados, por año y antecedentes penales (en general) y por estupefacientes. Montevideo.

victimas homicidio montevideo

Fuente: Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad – Ministerio del Interior

Respecto a los problemas de convivencia derivados del mercado de cannabis, parecería haber aumentado la cantidad de denuncias sobre cultivos a través del 0800 5000[1], pero no sabemos cantidad ni evolución. Según el director de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, estas denuncias no llegan a constituir problemas de seguridad pública. Según esta fuente, uno de los principales temas de convivencia en los últimos dos años ha sido el de las zonas que concentran gran cantidad de boliches en Montevideo. Los problemas entre vecinos, dueños de comercios y público no parecen tener ninguna relación con cannabis sino con el horario de comienzo de la actividad nocturna de esparcimiento y con el consumo de cigarrillos y alcohol.

Por su lado, la delincuencia y falta de seguridad publica continúa siendo percibido como el problema más importante en Uruguay.

Problema más importante en el país, 2004 – 2015. Uruguay
problema mas importante del pais
Fuente: Latinobarómetro

[1] Desde su creación en 1998, el servicio nacional 0800-5000, dependiente de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, funciona como un call center que recibe denuncias y pedidos de información de distinta índole. Las denuncias son sobre: violencia doméstica, boca de venta de drogas, situaciones en las cárceles, problemas vecinales, solicitudes de patrullaje, entre otras. Este servicio es de carácter reservado por el que cualquier persona tiene derecho al anonimato (https://www.minterior.gub.uy).