Investigación

Estrategia por la vida y la convivencia

Autor/es:
Gobierno de la República Oriental del Uruguay

Año: 2012

Tipo de publicación: Documento público

Editor: Gobierno de la República Oriental del Uruguay

Palabras clave: seguridad, convivencia ciudadana

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El 20 de junio de 2012, los ministros de Interior, Defensa Nacional y Desarrollo Social y el secretario de Presidencia presentaron públicamente un paquete de medidas de seguridad para mejorar la convivencia ciudadana. El documento fue preparado durante dos meses por el Gabinete de Seguridad del gobierno uruguayo.

El documento “Estrategia por la vida y la convivencia” cuenta, entre sus fundamentos conceptuales, con 15 medidas que incluyen cambios o creación de disposiciones y normas por vía parlamentaria: y otras que se articularían en diálogo con la sociedad civil.

Las medidas propuestas incluyen:

Entre las medidas de seguridad propuestas, se encuentran:

a) Reparación a las víctimas de delito con la constitución de un Fondo Nacional de Indemnización a las víctimas de delitos violentos (pensiones u otras alternativas para familiares).

b) Agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base con aumento de la pena de un mínimo de 4 a 15 años de penitenciaría.

c) Modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que refiere a la normativa que rige para los menores infractores.

d) Eliminación de la tipificación de una serie de conductas como “faltas” y mantenimiento de aquellas con real incidenci en la inseguridad ciudadana, adecuándose los mecanismos procesales para su efectiva sanción por parte del Poder Judicial volviendo a crear los Juzgados de Faltas.

e) Abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno, generando una estrategia integral para actuar sobre las principales consecuencias del consumo de drogas en particular de la pasta base de cocaína.

f) Creación de dispositivos judiciales especializados en el narcomenudeo.

g) Legalización regulada y controlada de la marihuana, con un fuerte rol desde el Estado sobre la producción. Asimismo, se promoverá el tema en los foros internacionales, como forma de luchar contra el consumo y el narcotráfico.

h) Modificación del Decreto 488/88 que regula el horario de protección del menor para que incluya también a los informativos.

i) Promoción del diálogo con los medios de comunicación, sus trabajadores, universidades y la sociedad civil, para la adopción de formas de autorregulación en materia de manejo de informaciones referidas a seguridad y violencia.

j) Mejorar la eficacia y transparencia policial, a través de la instalación de un sistema de trabajo en las comisarías en base a gestión por resultados y control de indicadores; un nuevo sistema de patrullaje; adaptación al territorio del despliegue operativo de la Policía fundamentalmente en el Área Metropolitana; instalación de un Laboratorio Especializado para análisis de drogas que permitirá identificar sus componentes; instalación de un sistema de gestión de calidad en todos los sistemas de comunicación policial; fortalecimiento de sistemas y procedimientos permanentes de control de desbordes y corrupción policial.

k) Fortalecer el sistema de centros de mediación y negociación de conflictos en algunas zonas del área metropolitana en dos niveles: el ámbito barrial; y los centros educativos.

l) Promover la participación y organización estudiantil en ámbitos estudiantiles, con dispositivos para capacitar e instalar la figura de los Jóvenes Mediadores.

m) Generar nuevas centralidades en algunos barrios del Área Metropolitana a través de plazas de convivencia con equipamientos que tendrán infraestructura deportiva, espacios para actividades culturales y equipamiento para actividades sociales y recreativas.

n) Crear un sistema de información especializado de denuncias de violencia doméstica que posibilitará captar mejor el problema de la violencia doméstica que en muchos casos quedan tipificados como otros delitos (lesiones, amenazas, violencia privada, etcétera.)

o) Mejora en la educación y el control del tránsito en todas las ciudades del país a través de la cooperación de la Policía Nacional Caminera colaborando con los gobiernos departamentales y las direcciones de tránsito en las intendencias.

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Fundamentación

Sin duda que estamos, desde hace varios años, ante la emergencia de la violencia como problema prioritario para la población.

Una violencia que emerge con fuerza, resultado de largos procesos acumulados de exclusión y que se expresa de muy variadas maneras, algunas más públicas, otras más privadas.

Entre ellas destacamos:

  • La violencia en los espectáculos deportivos y la participación masiva de personas en grescas callejeras.
  • La violencia sistemática hacia los espacios públicos.
  • El fuerte aumento de la violencia contra las personas en robos y asaltos.
  • La violencia entre alumnos y entre alumnos y profesores en escuelas y liceos.
  • La violencia silenciosa en el hogar y contra las mujeres, los niños y la ter-cera edad.
  • Los accidentes de tránsito, en particular con las motos, y la falta de prevención, así como las nuevas maneras de circular como las picadas u otros juegos similares.
  • Los sucesos ocurridos, aunque aislados, en el sistema de salud.

Todo ello va en línea con una pérdida de respeto por la vida humana y la convivencia ciudadana, y es ese el corazón del problema que la sociedad uruguaya toda (Estado y ciudadanos) debe enfrentar.

El estudio, la educación, la cultura, no tienen hoy una alta valoración en términos de reconocimiento social (no solo de ascenso social) como lo tuvieron hasta la década del 70.

Es un aspecto de valores de la sociedad, fenómeno en relación al cual no se ha dado respuesta integral y suficiente en términos académicos, sociales ni políticos. Las expectativas de reconocimiento social están centradas hoy no en los logros educativos y culturales sino en la realización de meteóricas carreras en mundos que terminan siendo irreales para la mayoría y generan frustraciones que inciden en la situación de violencia actual.

Una estrategia que pretenda abordar la inseguridad pública como problema debe plantearse la convivencia como solución y tener como objetivo principal vencer el miedo en la sociedad a partir de garantizar los derechos humanos y la seguridad de sus habitantes.

La política de seguridad no puede estar construida sobre el temor, ni ser una respuesta intempestiva a éste. La fractura social y el quiebre cultural que aún existen en el país explican en parte una situación negativa que no queremos que se consolide en forma definitiva.

La profundidad y permanencia de los procesos de fractura social, el quiebre cultural y la segmentación educativa y residencial en nuestro país, sumados al creciente desafío impuesto por las nuevas formas del crimen organizado, ciertos patrones de consumo de drogas y el incremento en el número de personas que reinciden en modalidades violentas de actividad delictiva, suponen la necesidad de pensar los problemas de seguridad ciudadana en su integralidad. A ello, se suma la instalación de formas de comportamientos en nuestra sociedad marcadas por la intolerancia y la falta de respeto hacia formas tradicionales de convivencia pacífica, que vienen definiendo el paisaje cotidiano en nuestro país desde hace ya varios años.

Este es un proceso que no arranca hoy pero al que hay que darle respuesta hoy para garantizar el mañana.

Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta la influencia que han tenido sobre esta situación los procesos de exclusión del mercado de trabajo, de los espacios urbanos, de la circulación en la ciudad, del desarrollo cultural, que se generaron desde los años 70 en la dictadura y que fueron progresivamente consolidándose en los años 90.

Porque en la década del 90 se transformó drásticamente la estructura productiva del país y el trabajo como pilar central de socialización comenzó a ser cuestionado. Se consolidó además la generación de asentamientos urbanos, en primera instancia en la periferia de Montevideo y luego en el interior del país. Por ende, el barrio y el espacio público como segundo factor clave de socialización fueron perdiendo centralidad. Y finalmente, además del trabajo y el barrio, otros dos ámbitos específicos de inclusión y sentido de pertenencia sufrieron alteraciones significativas: la educación y la familia.

La crisis del año 2002 terminó de consolidar definitivamente en Uruguay ese proceso creciente de marginalidad social y cultural, una de cuyas características sobresalientes es el cambio de las pautas de convivencia que existían en la sociedad uruguaya.

No es casual que una parte significativa de este problema esté asociado a niños y adolescentes nacidos en los años 90 y posteriormente a la crisis del 2002.

En términos de seguridad, durante años la izquierda ha tenido un discurso monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los factores sociales y económicos derivados casi exclusivamente del impacto de las políticas neoliberales implementadas en el país y la región a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hoy esta explicación, que tiene un muy fuerte componente explicativo, aparece como insuficiente en la visión integral.

En el marco de un país que crece, en el que cada vez más sectores sociales acceden a un conjunto de bienes materiales e inmateriales más amplio, en el que se reducen tanto la indigencia como la pobreza, la marginalidad persiste y se acrecientan diversas formas de anomia social y transgresión.

Y ello está ligado a una manera de encarar la vida desde la visión del éxito individual y la búsqueda incesante de mayores niveles de consumo, que expresan en esta escala de valores distorsionada la satisfacción individual. El consumo se expande y, con la ayuda de los medios de comunicación que promueven la idea de la felicidad asociada al consumo, los individuos generan medios múltiples para la obtención de esos fines consumistas que alteran la propia convivencia ciudadana y mercantilizan el concepto de felicidad.

Ello implica entonces dar satisfacción a la demanda cotidiana de mayor seguridad ciudadana, sin contradecir los objetivos de una estrategia sostenida de mejorar la convivencia social, en un marco de plena vigencia de los derechos de todos los uruguayos.

La seguridad y la convivencia democrática avanzan con más y mejores escuelas o empleos, pero ello no es suficiente. Tampoco avanzan únicamente con el incremento de penas, policías en las calles y personas encarceladas. Es necesario articular un conjunto de acciones que logren un equilibrio dialéctico y una síntesis, y que permitan revertir una tendencia basada en la intolerancia que se ha profundizado en la sociedad uruguaya.

Estamos convencidos que esa tendencia no es el destino. Las pautas de convivencia en una sociedad son parte de un conjunto de valores y actitudes que socialmente están validadas y funcionan como un acuerdo. En definitiva “el pacto de convivencia es un pacto de obviedad”, y podemos y debemos potenciar valores alternativos.

Se puede cambiar y estamos utilizando toda la capacidad pública para construir sociedad y convivencia en el Uruguay. Hay que actuar sobre las causas pero también sobre los efectos de la violencia. Es imprescindible que la sociedad uruguaya (y el Estado debe ser una acto relevante para ello) construya una alternativa social y cultural al pensamiento y los valores dominantes y mercantilizados que de cohesión a la sociedad uruguaya.

La convivencia que la enorme mayoría de los uruguayos aspiramos a disfrutar se enfrenta a una variada gama de situaciones de violencia en la sociedad actual. Ejemplo de esto, como está dicho más arriba, es la violencia familiar en especial contra niños y mujeres, la violencia en los centros educativos, en el tránsito, en los espectáculos deportivos o culturales y en el espacio público, que se suman a los fenómenos delictivos que ocurren en la sociedad. Por ello la estrategia propuesta combina la convivencia social y la seguridad ciudadana. La convivencia, en tanto ejercicio de convivir y vivir en compañía de otros, requiere que se promueva en las personas el apego a las normas básicas de comportamiento y respeto a la ley. La seguridad ciudadana requiere la acción del Estado en procura de proteger al ciudadano combatiendo los delitos y las faltas.

La estrategia que proponemos se sustenta en un conjunto de acciones desde el ámbito del Estado que tienen por objetivo garantizar la plena vigencia de los derechos ciudadanos para la mejora de la convivencia social. Pero la sola acción del Estado, si bien es condición necesaria, no es suficiente; es preciso involucrar en este proceso al conjunto de las fuerzas sociales, culturales, económicas.

El Poder Ejecutivo será un protagonista central de este proceso, pero es necesario que el mismo sea acompañado por el conjunto del sistema político, por los comunicadores, por artistas y deportistas, por el conjunto de los actores de la sociedad, por el PIT-CNT y las cámaras empresariales, las Iglesias, las Universidades, por los dirigentes de los equipos deportivos y generadores de opinión de los medios de comunicación, por la sociedad toda.

A modo de resumen, y como hemos marcado más arriba, el quiebre social y cultural ha impactado en el Uruguay donde desciende la pobreza y el desempleo y aumentan el miedo y las reacciones violentas de la sociedad, modificando valores de integración tradicionales.

Dado que éste es un fenómeno multidimensional y cuyos orígenes son de largo aliento en el pasado, la seguridad no puede concebirse sólo como el conjunto de políticas estatales contra el crimen. Estas son claves, pero en su soledad no son eficaces.

Por este motivo, urbanismo y seguridad deben confluir, en la medida en que el mejoramiento de las infraestructuras el uso de los servicios y de los espacios públicos urbanos contribuyen al mejoramiento de la convivencia y de la seguridad en las ciudades. Al mismo tiempo, esta estrategia tiene un componente transversal en su diseño que es el territorio.

Debe incorporarse el factor de la integración social a partir de potentes intervenciones en infraestructura para la convivencia. Hay que construir comunidad en los territorios, en el sentido de favorecer la pertenencia a un proyecto común en término de valores por parte de las personas.

Hay que construir ciudad en aquellos lugares donde se visibiliza a un Estado fracasado y ausente. Intervenir la trama urbana con acciones integrales, cuyo sentido central sea recuperar lugares para estar, para vivir, para intercambiar. La desigualdad territorial que también se expresa en la relación de metros cuadrados de espacio público por barrio favorece la inseguridad pública.

Creemos con mucha firmeza que es posible retejer la fractura social pero debemos disponer de todas las herramientas del desarrollo en determinadas zonas de la ciudad orientadas a su transformación. Debemos recurrir a una “acupuntura urbana”, en tanto dispositivo preciso de intervenciones plurales pero combinadas en un territorio. Los puntos de intervención se constituyen en los nodos de una red de integración de servicios sociales que se deberá ir tejiendo en la nueva piel de la ciudad. Para que su contacto nos llame a la caricia y no a la distancia.

Superar el temor colectivo en el espacio público debe ser la estrategia prioritaria para recuperar la ciudad como un escenario de tránsito, intercambio y generador de encuentros. El propósito es dotar de equipamientos para la convivencia y el disfrute de la vida con fino sentido estético y alta funcionalidad. Lo mejor para quienes más lo necesitan para poder saldar una deuda histórica y garantizar la viabilidad del país como proyecto de vida común.

Y es en ese sentido que las políticas sociales en el territorio articuladas y no dispersas, auto acumuladas en sus impactos y coordinadas por MIDES, juegan un rol clave en el proceso de construcción de una estrategia de convivencia ciudadana.

Palabras clave: seguridad, convivencia ciudadana

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