¿Qué es la reducción de daños?

Podemos decir que las políticas de drogas se apoyan en tres pilares: la reducción de la oferta, la reducción de la demanda y la reducción de daños. Una política integral y coherente de drogas debería acoplar racionalmente estos tres tipos de estrategias, pues cada una tiene distintos objetivos y contextos de aplicación, lo que las hace complementarias y no excluyentes.

La reducción de daños en particular, además de ser una política en sí misma, es un marco más amplio para pensar el consumo de drogas lícitas e ilícitas y la problemática de las drogas en general. Ofrece un abordaje que refleja la ética de la salud pública: ante todo no dañar a la persona y hacer el bien, promover la justicia social y garantizar el derecho a la autodeterminación. No se trata de un abordaje nuevo ni alternativo: la medicina y las políticas de salud pública abundan en ejemplos de aplicación.

Además de que la propia Ley de Regulación del Cannabis incluye en sus artículos el mandato de implementar medidas de reducción de daños, si se analizan los objetivos y contenidos de la Ley 19.172 resulta evidente que se trata de una medida consistente de reducción de daños para los usuarios de cannabis, pero también de otras drogas.

¿En qué consiste la reducción de daños?

Por definición, la reducción de daños (RDD) designa a las estrategias sociosanitarias y políticas orientadas a reducir el impacto negativo de las drogas mientras la persona continúa consumiendo la(s) sustancia(s). Es así que están dirigidas a reducir tres tipos de daños: los de los efectos de las drogas, los de las modalidades de uso de las drogas y los de la respuesta política y social al problema de las drogas.

Algunos de los ejemplos más conocidos y exitosos son el intercambio de jeringas para usuarios de drogas intravenosas, la distribución de pipas adecuadas para drogas fumables, la distribución de preservativos, los programas de sustitución de drogas (por ejemplo, metadona para usuarios de heroína), el trabajo de calle para atender urgencias sociosanitarias y educar sobre prácticas responsables de uso de drogas; y los centros de acogida con requisitos mínimos (anonimato, no exigencia de documentos ni de abstinencia).

Pero también son medidas de RDD las aplicadas a las drogas legales, como los programas de conducción de vehículos libre de alcohol o los espacios libres de humo de tabaco.

¿Cuáles serían los daños que permite reducir la Ley de Regulación del Cannabis?

Entre los más importantes se cuentan los daños a la salud, sociales y políticos, ya que la ley:

1. establece una concentración máxima del THC, componente psicoactivo y generador de dependencia más potente e importante de la planta;
2. obliga a controlar la calidad de los productos de uso humano que se comercialicen, tanto para el uso adulto, como para el medicinal y el alimentario;
3. obliga a educar sobre los riesgos y daños para la salud psicofísica, tanto de los efectos de la sustancia en sí, como de las modalidades de uso;
4. promueve la consulta temprana frente a los usos problemáticos, dando elementos educativos en la prevención y estrategias de RDD a los que obliga la ley;
5. separa el mercado de cannabis del de otras drogas de mayor peligrosidad para reducir el ingreso al consumo de estas últimas;
6. controla las condiciones y espacios de uso del cannabis: zonas de exclusión para escuelas y centros de salud, aplicación de la misma regulación que para el tabaco cuando es de uso fumado, prohibición del uso en conductores y en el espacio de trabajo;
7. legaliza el acto preparatorio del consumo (producción, compra, etc.), con lo que reduce el estigma y el consecuente daño social a las personas que consumen cannabis, sustancia que representa el 80% del mercado de drogas;
8. reduce el contacto de las personas que usan drogas con la criminalidad;
9. disminuye la corrupción policial y política con relación al mercado de esta sustancia.

En suma, la ley 19172 es un ejemplo de cómo la legalización de las drogas es también una estrategia de reducción de daños. Los contenidos de la ley demuestran que un buen modelo de regulación integral del cannabis basado en seguridad, salud pública y derechos humanos, es una potente herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas que usan drogas, y a la vez reducir los daños sociales y políticos.