Divulgación y Prensa

La ley 19.172: ¿una contradicción en la política uruguaya de drogas?

Autor/es:
Raquel Peyraube

Fecha/Año: 2018

Medio: Monitor Cannabis Uruguay

Palabras clave: política de drogas, regulación

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Desde que Uruguay manifestara su voluntad política de legalizar el cannabis para todos sus usos (adulto, industrial y medicinal) y hasta el día de hoy, con frecuencia los detractores han argumentado que la ley 19172 representa una contradicción con respecto a la política de tabaco que ha colocado al país como ejemplo y líder internacional al respecto. Se ha llegado a decir que Uruguay “prohíbe el tabaco pero legaliza el cannabis”, lo que implica al menos un error conceptual importante: Uruguay no prohibió el consumo del tabaco y tampoco el del alcohol. El estatuto de ambas sustancias no cambió y permanecen en la legalidad: simplemente se establecieron regulaciones para su venta y sus condiciones de consumo.

 

La Ley de Regulación del Cannabis no solo no contradice las políticas de tabaco y alcohol, sino que el modelo regulatorio aplicado al cannabis se suma coherentemente a esas regulaciones.

 

La ley 19172 aplica al cannabis lo aprendido de la regulación de sus congéneres lícitos: que ilegalizar las sustancias no parecería ser la solución, por peligrosas que éstas sean (de hecho, el tabaco y el alcohol se cuentan entre las sustancias que causan más problemas sociales y de salud individual y colectiva a nivel global). Como lo muestran las estadísticas internacionales sobre el consumo de tabaco, lo único que logró disminuir su consumo ha sido una política de control del impacto tanto en la salud individual (programas de cesación del tabaquismo, campañas de bien público, diseño de empaques) como colectiva (prohibición de consumo en espacios de uso público), y no la prohibición de su comercialización y uso.

 

La diferencia en el caso del cannabis es que pasó a ser el Estado el agente regulador de todas las vías de acceso a la sustancia a través de la creación de una normativa aplicada al mercado y a las condiciones de uso, en lugar de que fueran las estrategias de mercadeo de las industrias, lícitas o ilícitas, las que continuaran definiendo la composición, los modos de acceso, la circulación y las escenas de consumo, con las consecuencias negativas que esto determinó. En cuanto al cannabis, algunas de estas consecuencias de la no regulación estatal han sido el aumento de los niveles de psicoactividad a porcentajes de más riesgo para la salud y de generación de dependencia química, la confusión de los usuarios de mayor potencia como sinónimo de calidad, la presencia de contaminantes químicos y biológicos en el producto, o el ambiente de criminalidad en el que se realizaba la compra.

 

Bajo el régimen de prohibición de las drogas declaradas ilícitas, sus mercados, consumos y la peligrosidad de las sustancias han sufrido incrementos e impactos negativos a nivel político, de seguridad, culturales, de salud y de derechos. E igual efecto ha tenido el abandono de la regulación del mercado de las sustancias lícitas a la voluntad de la industria. La regulación estatal del alcohol y el tabaco basada en la evidencia es la única estrategia que ha incidido positivamente de manera demostrada, reduciendo algunas de sus consecuencias negativas (como los accidentes de tránsito) y hasta el propio consumo, como se registra en el caso del tabaco.

 

Así, ha quedado demostrado que los estados pueden controlar las sustancias psicoactivas (de uso recreativo o generadoras de dependencia química y otros problemas de salud) a través de la definición de las condiciones de su uso y el control de sus mercados, y esto solo puede hacerse eficazmente cuando las sustancias son lícitas.

 

Por lo tanto, Uruguay y desde 2017 también Canadá, serían al presente los únicos países que han comenzado a definir coherentemente las políticas de drogas en base a la evidencia acumulada, e implementándolas basados en un enfoque pragmático (es decir, considerar el acierto de la política en base a sus efectos prácticos) y de ética de la salud pública (no dañar y hacer el bien, promover la  justicia social y garantizar el derecho a la autodeterminación).

 

La ley 19172 responde así a la misma visión que sostiene las políticas uruguayas de alcohol y tabaco: no son sustancias prohibidas, sino reguladas por el Estado para mitigar eficazmente los efectos negativos de su consumo.