Divulgación y Prensa

María, la paz, tres pasos atrás

Autor/es:
Clara Musto

Fecha/Año: 2018

Medio: Monitor Cannabis Uruguay

Palabras clave: políticas de drogas, represión, narcotráfico, regulación

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Un poco de historia

 

En junio de 2012, el Poder Ejecutivo uruguayo sorprendió al mundo anunciando en la  conferencia de presentación de su “Estrategia por la vida y la convivencia” que “la cancillería uruguaya va a luchar internacionalmente por la regulación del cannabis en la región, porque esta guerra contra las drogas la han ganado los narcos” (E. Fernández Huidobro, 20/06/2012).

 

Tal como explicaron los representantes del gobierno que defendieron esta propuesta -en particular, el ex presidente José Mujica, el actual Ministro del Interior Eduardo Bonomi y el ex Ministro de Defensa Fernández Huidobro-, la consolidación de los mercados de sustancias psicoactivas es una realidad irreversible en Uruguay y en el mundo. Las cifras están ahí para el que las quiera ver: tras casi cuarenta años de declarada guerra a las drogas, los informes mundiales que publica periódicamente Naciones Unidas muestran que la cantidad de personas que usan este tipo de sustancias no ha decrecido en el mundo.

 

En América del Sur, particularmente, desde mucho antes de la aprobación de la Ley de Regulación  del Cannabis  diciembre de 2013, el consumo de sustancias como cannabis, cocaína y las drogas de síntesis (LSD, éxtasis y MDMA) venía creciendo. En Uruguay, mientras que en 2001 la prevalencia de uso de cannabis en los últimos 30 dias era cercana a cero, para 2014 llegaba al 5% del total de la población. Según el Informe sobre la problemática del consumo de drogas en los países de la UNASUR (2017, p.12), “la literatura científica muestra que son aquellos países y subregiones con mayor índice de desarrollo humano las que presentan las tasas de consumo de drogas más altas”.

 

Constatada esta realidad, las autoridades uruguayas repitieron ad infinitum que el atractivo de estas grandes economías ilegales hace que la vía exclusivamente represiva fracase sistemáticamente. El reciente recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico en ciudades como Rosario (Argentina) o Montevideo ilustra aquello de que “poderoso caballero Don Dinero”.

 

¿Ha sido la regulación del cannabis un paso adelante hacia una política de drogas diferente?

 

Dado el razonamiento planteado por las autoridades uruguayas cabe hacerse esta pregunta. Los números disponibles, dispersos y de muy difícil acceso, parecen dar una respuesta negativa: si bien Uruguay se ha destacado por su histórica descriminalización del uso de sustancias psicoactivas, al mismo tiempo continúa castigando duramente su producción y venta.

 

El número de procesamientos por violación de leyes de drogas crece desde 1989, pero fundamentalmente desde 2003. En promedio, durante 2012 la Justicia dispuso el procesamiento de casi 75 personas por mes por delitos vinculados al tráfico de drogas. En términos comparativos, los hombres son mayormente procesados por tráfico mientras que las mujeres lo son por venta y asistencia a actividades de narcotráfico. A 2014, la mayoría de los procesados lo son por delitos relacionados con la cocaína (41%), la marihuana (36%) y la pasta base (22%).

 

Aunque una alta proporción de estos procesados son primarios, para los delitos de drogas son para los que menos se usan las penas alternativas a la privación de libertad. Más del 80% de los procesamientos por leyes de drogas terminan en penas de prisión. A 2013, 1265 personas estaban privadas de libertad por delitos de drogas, de las cuales 645 son mujeres. El 70% de estas personas no había recibido condena. Después de Brasil, Uruguay es el segundo país de América del Sur con más personas presas en relación a su población.

 

En Montevideo a 2015, los delitos de drogas tenían un promedio de pena de 26 meses, un tiempo de condena que solo superan los delitos de homicidio y rapiña. Aunque el consumo de sustancias atraviesa las clases sociales, en general quienes están presos son pobres y tienen bajo nivel educativo.

 

Los delitos de drogas son los más feminizados de los delitos. Desde 2009 y hasta 2011, una de cada cuatro personas detenidas y una de cada tres procesadas por tráfico de drogas era mujer. Mientras que la participación de las mujeres en delitos relacionados a drogas era de 6% en 1989, en 2012 alcanzaba el 26%. En los últimos cuatro años, nueve de cada diez mujeres procesadas por delitos de drogas fueron privadas de libertad.

 

En momentos en que la seguridad y la justicia son preocupaciones importantes para los uruguayos según todos los sondeos de opinión pública disponibles, cuando los conflictos entre organizaciones criminales amenazan la convivencia en barrios desfavorecidos de Montevideo, Uruguay debería preguntarse, esta vez más en serio, si la guerra contra las drogas es la vía precisa para alcanzar la paz.