Divulgación y Prensa

Un año de avances y oportunidades

Autor/es:
Sebastián Aguiar

Fecha/Año: 2018

Medio: Monitor Cannabis Uruguay

Palabras clave: implementación, Uruguay, cannabis recreativo

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El año 2017 fue sin duda un punto de inflexión en la regulación del cannabis recreativo establecida por la Ley 19.172. A las dos vías de acceso de uso adulto ya implementadas -el autocultivo y los clubes de cannabis- se agregó finalmente en julio la venta en farmacias del cannabis producido por dos licenciatarios privados fuertemente controlados por el Estado.

Como es conocido, ha sido una implementación dificultosa. Entre anuncios oficiales contradictorios, la venta de cannabis en farmacias fue postergada sucesivamente, de modo que solo entró en funcionamiento en el cuarto año de vigencia de la ley, y con una implementación acotada. Recurrentemente el Prosecretario de la Presidencia y Presidente de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo, ha expresado que se lo considera un “proyecto piloto”. Sin embargo, aunque un proyecto a pequeña escala, podría haber resultado más sencillo de poner en práctica, la venta en farmacias ha enfrentado numerosos obstáculos. Por supuesto, es difícil innovar y la ley enfrenta una oposición moral de numerosos actores, pero varios de los principales cuellos de botella eran previsibles.

Una carrera con obstáculos

Estas limitantes o riesgos del sistema estriban, en primer lugar, en la cantidad de producción máxima permitida a los licenciatarios: actualmente son 4 toneladas anuales en total, lo que permitiría abastecer con la cantidad máxima prevista mensualmente solamente a 8.333 de las casi 22.000 personas ya registradas.

En segundo lugar, el abastecimiento a las farmacias se hace de forma quincenal, con hasta dos kilos por entrega. Así, para alcanzar a 10.000 adquirientes serían necesarios 100 puntos de venta con una distribución aceitada, y 800 puntos para abarcar la demanda total. Esto es impracticable.

En tercer lugar, actualmente el sistema sólo cuenta con 12 farmacias a nivel nacional. Esto acarrea problemas de cobertura territorial, pero también limita el suministro máximo a 1.200 personas dado el sistema actual de abastecimiento.

En estos meses de vigencia del sistema ya se han presentado inconvenientes en los tres aspectos: problemas de disponibilidad del producto, de distribución y de puntos de venta.

A estos factores intrínsecos del sistema se sumaron determinantes contextuales. En particular, en agosto de 2017 algunos bancos, aduciendo el riesgo de que sus bancos corresponsales en Estados Unidos cerraran sus cuentas por operar con dinero proveniente de negocios de cannabis, cerraron las cuentas de algunas farmacias. Esta reacción es similar a la de los bancos estadounidenses, que cierran las cuentas de sus clientes que trabajan con cannabis si perciben una posible infracción de las reglas que fija el Memorando Cole[1] para exceptuar a estos negocios la de la ilegalidad a nivel federal.

Los factores institucionales también fueron determinantes durante 2017. Por ejemplo, Ministerio de Salud Pública debería evaluar y monitorear oficialmente la Ley 19.172, como la mandata la propia ley, realizando informes públicos en base a los indicadores de la Estrategia de Evaluación y Monitoreo acordada en 2014. Esto aún no ha sucedido. Si esta implementación parcial se pretende un “proyecto piloto” -pese a que la legislación obliga al Ejecutivo a implementarla completamente-, entonces las actividades de evaluación o monitoreo son cruciales para poder analizar cabalmente las implicancias de cada decisión.

Con luces

No obstante, es preciso señalar la alta confianza de los usuarios en el sistema pese a las evidentes dificultades, así como la ausencia de incidentes relacionados con los consumidores. Más de 30.000 personas se han inscripto al registro oficial: 21.559 personas en el Registro de Adquirientes, 8.145 en el de Cultivadores y 78 Clubes de Membresía (CSC), según los datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), actualizados al 6 de febrero de 2018. Esto equivale al 20% de la cantidad de usuarios habituales  de cannabis y más del 100% de la cantidad de usuarios diarios declarados en el país en 2014, según datos de la VI ENHCD.

Contrariamente a lo que algunos actores anticipaban no hubo ningún conflicto en los puntos de venta, ningún delito asociado a la distribución en las farmacias ni en sus entornos, tampoco accidentes de tránsito vinculados al consumo ni incidentes laborales. Posiblemente esta sea una de las principales lecciones que deja la actual aplicación parcial de la ley.

El sistema penal, por su parte, parece estar incorporando parcialmente los criterios de tenencia establecidos en la ley. También se percibe un cambio en la opinión pública: una mayor proporción de los uruguayos aprueba la venta en farmacias respecto a años anteriores.

¿Qué desafíos hay para 2018?

Es prioritario ampliar la cobertura del sistema. Si las personas registradas en las tres vías de acceso pudiesen hoy recibir los 40 gramos mensuales, según cálculos de Monitor Cannabis se estaría arrebatando al mercado ilegal el 50% del total de la demanda anual de cannabis, lo que equivale a 22,5 millones de dólares. 2018 es un año determinante: o el sistema inicia su consolidación o empieza a incorporar limitaciones crónicas.

Uruguay tiene una lección para mostrar al mundo: que regular el cannabis no parece generar problemas sociales, y los usuarios se adaptan al sistema aunque este funcione en forma limitada. En 2018 estaremos en condiciones de cuantificar el efecto de la regulación, con la 1ª Encuesta sobre regulación del Cannabis, realizada en 2017, que medirá los resultados de cuatro años de vigencia de la ley.

[1]Documento del Departamento de Justicia de EEUU, del 29 de agosto de 2013, redactado por el entonces Fiscal General Adjunto, James Cole. Fija pautas que los negocios de cannabis deben cumplir para no ser perseguidos judicialmente por violar la ley federal de drogas.